Las Fuerzas Militares

y su compromiso constitucional

Autor: Eduardo Pizarro Leongómez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

En el prólogo a mi último libro De la guerra a la paz. Las Fuerzas Militares entre 1986-20181, el reconocido historiador y profesor de la Universidad de Oxford, Malcolm Deas, sostiene que «siempre he pensado que Colombia en este campo de sus Fuerzas Armadas ha tenido dos grandes bendiciones. Una, tener un ejército con una sólida doctrina constitucional (…). La otra, tener una Policía Nacional».

 

En América Latina, por diversas circunstancias históricas, y como consecuencia de la inestabilidad política propia de naciones en construcción, se produjo un alto protagonismo de las Fuerzas Militares tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Colombia fue una de las muy escasas excepciones.

 

En el siglo XIX, solamente se contabilizan dos gobiernos militares. Uno, durante la vigencia de la Gran Colomba, cuando ejerció el gobierno de facto el general de origen venezolano, Rafael Urdaneta, entre el 4 de septiembre de 1830 y el 2 de mayo de 1831, es decir, 8 meses. El general «más leal de todos los leales a Simón Bolívar» intentó, mediante el derrocamiento del presidente Joaquín Mosquera, reinstalar a Bolívar en la Presidencia y evitar la disolución de la Gran Colombia. Bolívar murió, sin embargo, poco después, el 17 de diciembre de 1930, y la Gran Colombia se disolvió a finales de 1831, debido a las ansias separatistas de las élites políticas de Venezuela y Ecuador.

 

El segundo gobierno de facto tuvo lugar durante la República de la Nueva Granada, cuando  se produjo el golpe de Estado del general José María Melo, quien ejerció brevemente el poder entre 17 de abril de 1854 y el 4 de diciembre de 1854.  Es decir, también otros escasos ocho meses. El golpe de Melo estuvo íntimamente ligado con un grave momento de inestabilidad política debido a la guerra civil de 1854 y al descontento de los artesanos agrupados en las Sociedades Democráticas, en contra de las políticas librecambistas.

 

Aunque sea un hecho sin ninguna trascendencia histórica, es curioso señalar que estos dos generales, Rafael Urdaneta  y José María Melo, fueran concuñados al estar casados con las hermanas, Teresa y Dolores Vargas París.

 

En el siglo XX la situación no fue muy distinta. Salvo el gobierno cívico-militar del general Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 y 1957 y la Junta Militar de Gobierno entre 1957 y 1958, la cual sustituyó a Rojas e impulsó el plebiscito que dio origen al Frente Nacional, las Fuerzas Militares ocuparon el poder solamente cuatro años a lo largo de todo el siglo XX.

 

El gobierno de Rojas Pinilla es un hecho excepcional en la historia contemporánea del país: las crisis políticas que afectaron al país a lo largo del siglo XX se intentaron superar mediante gobiernos de coalición bipartidista, como los de Rafael Reyes, tras la Guerra de los Mil Días, Carlos E. Restrepo y su gobierno de Unión República, Enrique Olaya Herrera y su gabinete de Concentración Nacional, los dos gabinetes de unidad nacional de Mariano Ospina Pérez y, obviamente, el Frente Nacional tras las secuelas trágicas del período de la Violencia.

 

En 1953 no era posible convocar un gobierno de unidad nacional. No solamente el partido de gobierno, el Partido Conservador, estaba dividido en dos fracciones irreconciliables, la fracción laureanista y la fracción ospinista, sino que el diálogo con el Partido Liberal se había roto y sus principales dirigentes se encontraban en el exilio: Eduardo Santos, en París; Alfonso López Pumarejo, en México, y Carlos Lleras, en Nueva York. El otro líder, Alberto Lleras, estaba en Washington como Secretario General de la OEA. La Violencia había desbordado la capacidad institucional para mantener el orden público y, por primera vez en la historia de Colombia, el arbitraje militar se hizo indispensable. La prensa de la época sostuvo, no sin un dejo de ironía, que en Colombia «los civiles hacen la guerra y los militares hacen la paz».

El golpe de Estado del 13 de julio de 1953, que Darío Echandía denominó más apropiadamente como un «golpe de opinión», no nació en los cuarteles sino en los directorios políticos que clamaron: «¡General, salve Ud. la patria!».

 

La figura del arbitraje militar, que fuera tan común en América Latina en momentos de graves crisis políticas, solo fue utilizada en Colombia en dos ocasiones: 1953 y 1957. En este último año, tras el paro cívico convocado por las élites empresariales el 10 de mayo para presionar al gobierno de Rojas Pinilla para que abandonar el poder, este decidió cederlo a una Junta Militar de Gobierno que, contra muchos pronósticos pesimistas, sirvió de puente para el retorno de las instituciones civiles mediante el Frente Nacional, es decir, esa Junta compuesta por quienes desempeñaban los cargos de ministro de Defensa, general Gabriel París, y de Obras Públicas, contralmirante Rubén Piedrahita, la comandancia del Ejército, general Rafael Navas, y la dirección de la Policía, general Deogracias Fonseca, y del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), general Luis Ernesto Ordoñez, no tuvo la pretensión de perpetuarse en el poder y, desde el primer momento, se comprometió a restituirle el poder a los partidos políticos.

 

Y, desde aquella época, a pesar de algunos momentos de tensión entre las élites civiles y algunos mandos militares —que la prensa ha llamado gráficamente el «ruido de sables»2—, ligados fundamentalmente a diferencias de enfoque con relación al manejo del orden público, lo cierto es que nunca ha habido proyectos institucionales para sustituir a las élites civiles.

 

Tiene razón el profesor Malcolm Deas: la subordinación de las Fuerzas Militares al poder civil ha sido ejemplar en el contexto de América Latina y ha dejado una profunda huella en la cultura política nacional. En Colombia, a pesar de las guerras civiles del siglo XIX y el prolongado período de violencia desde 1946 hasta hoy, ha habido muy pocas rupturas institucionales en los dos siglos transcurridos desde el nacimiento de la República. Colombia es uno de los países con una de las historias electorales más prolongadas de América Latina y, como dice, Marco Palacios «quizá el primero que practicó la alternancia, en las elecciones de 1837»3, cuando José Ignacio Márquez derrotó al candidato del presidente Francisco de Paula Santander, es decir, futuros conservadores se impusieron sobre los futuros liberales y estos entregaron el poder de manera pacífica.

 

Esta tradición electoral con pocas interrupciones no hubiera sido posible si Colombia no hubiera contado con unas Fuerzas Militares sin ambiciones de poder y, al mismo tiempo, con un respeto irrestricto a sus fueros institucionales.

1 Eduardo Pizarro, De la guerra a la paz. Las Fuerzas Militares entre 1996 y 2018, Bogotá, Editorial Planeta, 2018.

2 Édgar Téllez y Álvaro Sánchez, Ruido de sables, Bogotá, Editorial Planeta, 1997.

3 Marco Palacios, Poder, democracia y violencia pública en Colombia: la historia. En: Humberto Garza, Ilán Bizberg y Mónica Serrano (eds.), Pensar la historia, pensar la política … a la manera de Lorenzo Meyer, México, El Colegio de México, 2016, p. 335.